La diputada de Acción Social, Amaia Antxustegi, ha explicado que la sanción económica se debe a incumplimientos de la normativa en la sujeción física de usuarios sin prescripción facultativa, el ratio de personal o deficiencias en la atención sanitaria a un residente, así como por quebrantamientos en el mantenimiento de ciertas instalaciones.
Antxustegi ha dado detalles también de las quejas que durante los últimos años ha recibido la Unidad de Atención de Personas Usuarias en relación a esta residencia que cuenta con 134 plazas residenciales para personas mayores, y que han desembocado en la apertura de tres expedientes de seguimiento.
La diputada foral ha señalado que durante el año pasado se recibieron 12 quejas, a las que habría que sumar otras dos que han entrado recientemente. “Todas han sido contestadas”, ha confirmado.
La de mayor calado fue recibida el 9 de abril. En un escrito firmado por “371” familiares, éstos denunciaron incumplimientos en ratios de personal, en los cambios nocturnos de absorbentes, y en deficiencias en la calidad de la comida, la limpieza o las sujeciones físicas.
A través de otras quejas individuales, los familiares han constatado otras ineficiencias como la falta de atención médica, caídas, la inexistencia de suministros médicos o errores en la administración de medicamentos
Antxustegi ha concluido su primera comparecencia señalando que la “prioridad” de su departamento es que las personas residentes “estén bien atendidas”, por eso ha pedido a los familiares que usen la vía de las quejas, para que la Diputación “pueda hacer más inspecciones”.
