Este es un protocolo aprobado por el Gobierno Vasco en 2015 que asigna a los ayuntamientos la competencia en materia de realojos a personas en situación de vulnerabilidad.
Si bien es cierto que se ha aprobado una ordenanza que regula los requisitos a cumplir, en estos momentos el Ayuntamiento sólo dispone de una vivienda vacía para atender casos de emergencia social, y se encuentra sin acondicionar.
Mientas, según la coalición abertzale, las trabajadoras sociales alertan en sus informes de la necesidad de pisos tutelados para atender las necesidades de familias del municipio.
