Los colectivos sociales Argitan y Berri-Otxoak han informado de que el magistrado del juzgado de primera instancia de lo civil ha requerido a la afectada que “justifique la tramitación de una vivienda municipal de alquiler social”.
Pero a fecha de hoy, ni el Ayuntamiento ni el Gobierno Vasco han ofrecido una solución a la familia
El desalojo, instado por el Gobierno Vasco, se puede producir por tanto en cualquier momento a partir del 26 de noviembre.
Nada ha cambiado desde que hace una semana denunciaran esta situación.
